Miles de personas marcharon este viernes en las principales ciudades de Argentina para reclamar al gobierno de Javier Milei asistencia alimentaria para comedores comunitarios y rechazar políticas de ajuste, cuando la crisis ya empujó la pobreza por encima del 50% y la inflación supera el 250% interanual.

En Buenos Aires, la principal protesta se concentró a las puertas del ministerio de Capital Humano, en el centro de la ciudad, que tiene a su cargo la asistencia social.

«La emergencia alimentaria no puede esperar más, basta de ajuste» fue la consigna de la convocatoria que lanzaron organizaciones sociales y partidos de izquierda en el marco de un plan de lucha para visibilizar la situación de unos 38.000 comedores comunitarios, último recurso de los más golpeados por la crisis económica.

Desde que asumió el 10 de diciembre, el presidente ultraliberal puso en marcha un fuerte ajuste que se tradujo en enero en el primer superávit fiscal después de 12 años de balances en rojo.

La contracara es una creciente tensión social atizada por despidos, caída de jubilaciones, aumentos de precios de alimentos y medicamentos y un golpe a las tarifas de servicios públicos por la quita de subsidios que representó, por ejemplo, la subida del boleto de autobús un 250% de un día al otro en Buenos Aires.

«No al aumento del transporte», «El hambre no espera», «Las ollas están vacías, los bolsillos también» eran algunas de las consignas en los carteles que portaban los manifestantes frente al ministerio.

Algunos comedores denunciaron que recibieron del gobierno la última partida de alimentos en noviembre pasado y que desde entonces dependen de donaciones y ayudas municipales para asistir cada día a más personas que buscan ayuda.

El gobierno adujo que busca llegar a los más vulnerables mediante ayuda directa y evitar la intermediación de organizaciones sociales, la mayoría opositoras al gobierno.

En cambio, hizo un convenio de asistencia alimentaria con las iglesias evangélicas por cerca de 200.000 dólares y otro por casi el doble con Cáritas Argentina, dependiente de la Iglesia Católica.

El ministerio de Capital Humano anunció el mes pasado el inicio de un relevamiento de comedores «para la compra transparente de alimentos», pero los centros comunitarios denunciaron que mientras lo realizan, se suspendieron todas las entregas.

«No habría ninguna razón para dejar de enviar alimentos a los comedores», insistió el viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, al rechazar las denuncias.

Por otra parte, el gobierno reivindica la continuidad y actualización de la Tarjeta Alimentar, un subsidio directo mensual a padres de hasta dos hijos que en febrero llegó a 69.000 pesos argentinos (78,5 dólares al cambio oficial).

Tomado de Cuba Si