Tras un lento escrutinio, la Junta Nacional Electoral desestimó protestas y sospechas de fraude, y proclamó a la conservadora Keiko Fujimori como presidenta de Perú, función que asumirá desde el 28 de julio de este año hasta el 28 de julio del 2031.

Luego de tres elecciones consecutivas perdiendo en segunda vuelta, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, logró imponerse en las urnas tras vencer al izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en las elecciones presidenciales 2026, con un margen muy estrecho, otorgado por el voto del exterior, generalmente de corte derechista.

Fujimori Higuchi y su triunfo electoral no han pasado inadvertidos ante la pléyade de regímenes derechistas amparados por el imperialismo norteamericano, como el del milenario melenudo Javier Milei (Argentina) y el del pinochetista José Antonio Kast (Chile). Curiosamente, Trump la felicitó mediante su embajador local, Bernie Navarro.

En el plano local, se espera la conformación del gabinete ministerial para el quinquenio de Keiko Fujimori. De momento, uno de los anuncios más sonados es la incorporación de Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas. A la par, ha mantenido reuniones con algunas autoridades como el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y figuras políticas como Yehude Simon, José Williams y dirigentes apristas.

LOS LUNARES

Elar Bolaños Llanos, quien era jefe de la Junta Nacional Electoral,  abandonó su cargo tras alertar la alteración de expedientes en el sistema informático de la institución. Por su parte, la jefatura del organismo rechazó las acusaciones, retiró al funcionario de inmediato y ordenó el lacrado de sus equipos de cómputo.

Bolaños subrayó que desconocidos manipularon sus computadoras personales e introdujeron información falsa en el Sistema de Gestión Documentaria.

El denunciante afirmó que este sabotaje alteró expedientes oficiales y afectó la tramitación de solicitudes de la  ciudadanía. Vale la pena recalcar que el exfuncionario laboró en la entidad durante seis años y coordinó los últimos procesos presidenciales de la república. El ahora exsecretario se puso a disposición del Ministerio Público para las pesquisas necesarias en Arequipa y la capital.

Para concluir, la gerencia institucional encargó provisionalmente las funciones de la Secretaría General al abogado ultraderechista Héctor Rojas Aliaga. En estos momentos, la Secretaría Técnica de la institución evalúa el inicio de un proceso administrativo disciplinario contra el exdirectivo.

El conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dejó a Fujimori con una ventaja de apenas 49 000 votos, y, por supuesto, el clima de tensión en Perú aumentó luego de que el secretario general del organismo anunciara su renuncia y denunciara manipulación de sus equipos informáticos y falsificación de documentos.

El candidato por la izquierda peruana a la presidencia, Roberto Sánchez, cuestionó a su vez el tratamiento que la justicia electoral ha dado a los votos emitidos por los peruanos en el extranjero, y sostuvo que, a diferencia de la primera vuelta, las actas no fueron digitalizadas y que el material electoral fue trasladado a Perú mediante valijas diplomáticas, un procedimiento que produjo retrasos en algunos países.

“Es una afectación grave al proceso electoral el haber cambiado las normas en la segunda vuelta por petición de la Cancillería. Han roto la cadena de custodia. Nosotros solo queremos que nos demuestren qué ha pasado […] Con estas normas se ha manipulado la votación. En un proceso donde hay tanta estrechez, se necesita cero controversia. Este proceso no ha concluido”, afirmó. Entre los casos mencionados por su agrupación figura Argentina, donde la falta de vuelos disponibles retrasó durante varios días el traslado del material electoral.

Con el 99,391% de actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la lideresa de Fuerza Popular acumuló el 50,108% de los votos frente al 49,892% de Sánchez. La ONPE ha defendido la seguridad del procedimiento y ha señalado que el envío físico de las actas respondió a una solicitud de la Cancillería. En paralelo, Juntos por el Perú anunció que impulsa una recolección de firmas para promover una interpelación contra el canciller, Carlos Pareja, por el manejo del voto en el exterior.

Sánchez también rechazó las acusaciones que vinculan a sectores de su entorno político con organizaciones terroristas y sostuvo que su agrupación actúa dentro de los márgenes democráticos.

“Nosotros no somos terroristas. Venga de donde venga, condenamos la violencia. Estamos en el marco de la democracia exigiendo transparencia”, afirmó. Además, sostuvo que el informe de la misión electoral de la Unión Europea concluyó que un sector mayoritario de los medios privados mantuvo una cobertura desfavorable hacia su candidatura durante la campaña.

La organización de los comicios fuera del país depende de los consulados, que están bajo la administración del Ministerio de Relaciones Exteriores y no de la ONPE. Sánchez también volvió a cargar contra el costo de las tasas electorales exigidas para tramitar las impugnaciones. La normativa establece el pago de 1 337 soles —unos 393 dólares— por cada mesa cuya nulidad se solicita. Como Juntos por el Perú pretendía impugnar alrededor de 2 400 mesas, necesitaba reunir más de tres millones de soles, equivalentes a unos 925 000 dólares. La agrupación no presentó el comprobante de pago junto con los recursos y el Jurado Electoral Especial declaró improcedente uno de los trámites.

“Es increíble que para tener justicia electoral haya que pagar. Una tasa administrativa no puede impedir un derecho constitucional. Además, estamos hablando de una cifra millonaria, escandalosa”, protestó. Pese al revés, el candidato agradeció a sus seguidores por la colecta pública organizada para cubrir parte de esos costos y aprovechó para lanzar una nueva crítica a Keiko Fujimori, quien enfrentó durante años una investigación fiscal por presuntos aportes irregulares a sus campañas políticas, un caso que finalmente fue archivado. “Nosotros no hemos hecho cócteles. Ningún banco nos ha dado una maleta de millones de dólares sacados ilegalmente del sistema financiero. Nadie ha hecho una bolsa a escondidas. Ha sido el pueblo”, afirmó.

En la misma conferencia de Sánchez, Marco Zevallos, vocero de la agrupación, aseguró que sus críticas no están dirigidas a los peruanos residentes en el extranjero —donde Keiko Fujimori obtuvo una amplia ventaja—, sino a las autoridades encargadas de custodiar el proceso. “Cuestionamos que las autoridades responsables de preservar ese voto no hayan cumplido con su obligación. Esta Cancillería es parte del gobierno parlamentario que ya sabemos quién lo dirige, la señora K”, dijo, en referencia a Fujimori.