Luego de haberle dado aliento a Guillermo Lasso antes de que fracasara en las ocho propuestas del referendo constitucional y de la derecha en la consulta electoral ecuatoriana, la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, se escuda en la represión militar y policial y las fuerzas del fujimorismo que controlan el Congreso para aferrarse a un poder que ha dejado ya más de 60 muertos y cientos de heridos y detenidos, e impedir elecciones demandadas por la inmensa mayoría de un pueblo que aspira también a un proceso constituyente.

En entrevista al medio argentino El Salto, en la prisión, el ex presidente Pedro Castillo ubicó a Boluarte como “juguete de la derecha, es alguien como Keiko Fujimori, que es calculadora, convenida, sin valores, que se vende al mejor postor y ahora se ha vendido a la derecha, a la derecha más rancia y más sucia. Es una mujer que irá presa por violaciones de derechos humanos y sobre todo por delitos de lesa humanidad. Irá presa y la justicia internacional hará lo suyo, porque el pueblo así lo pide”.

“Estados Unidos hace fuerza en pared con la Unión Europea para oprimir a nuestros países, los pueblos, las comunidades. Por eso es que me quieren preso y por eso es que el poder incrustado en esos espacios hace silencio ante la violación sistemática de los derechos humanos en Perú: asesinatos, detenciones, heridos y persecución política a líderes y dirigentes como en mi caso y de tantos otros”, afirmó.

Boluarte ha hecho caso omiso al aumento de las protestas populares, en medio de una incertidumbre y el caos que ahora es mayor y tiene más nivel político que en el 2016, con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, sin que se vislumbre alguna solución viable a la crisis.

La salida hace poco más de dos meses del mandatario implicó la llegada a la presidencia de una mujer que desde el principio no contó con el apoyo popular, pero sí con el respaldo del Legislativo, que tanto había ejercido presión para impulsar la vacancia de Castillo, a quien nunca dejó gobernar.

En las calles de varias ciudades del sur y oriente del país las movilizaciones de los sectores campesinos e indígenas se han mantenido constantes, de forma tal que llegaron con fuerza a Lima, conformando un movimiento social sin precedentes.

PRESIDENTA DESINFLADA

Boluarte, a quien señalan como responsable de la criminalización de las protestas y “ejecuciones extrajudiciales”, no cumplió con sus promesas iniciales de crear un gabinete de unidad nacional y de establecer una «tregua política».

De la misma manera, su compromiso de ser «la voz de los nadies» también fue falso, porque los sectores marginados de la población son los que piden con más vehemencia su salida.

Boluarte traicionó rápidamente y sin miras a Castillo, su compañero de fórmula, y lo acusó de corrupción, de incitar al odio en su contra y de cometer un golpe de Estado.

El panorama de la presidenta, sobre quien pesa una investigación por genocidio, no está aún claro. Hasta ahora el Congreso no ha definido que ocurra un adelanto de elecciones ni ha emprendido acciones para forzar su salida, como lo hizo con su predecesor. O sea, se aferra al poder, y algunos lo califican de dictadura legislativa, pero es que tampoco legisla, mi antes, ni ahora.

Esto cierra el panorama de una pronta salida electoral a la crisis, bien sea a través de las urnas o de la renuncia de Boluarte, quien ha manifestado reiteradamente que no dejará el cargo.

El hilo conductor de esta reciente crisis han sido las movilizaciones, que han aumentado en intensidad y que han tenido un fin político desde el principio.

Ya en diciembre, había cuatro puntos definidos por los manifestantes: la liberación y retorno del presidente; la salida de Boluarte; la disolución del Parlamento y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Si bien las protestas se iniciaron en las ciudades del sur y el oriente, que conforman las zonas más empobrecidas y excluidas del país, en las últimas semanas los manifestantes se han trasladado a Lima por sus propios medios, sin que haya un liderazgo partidista visible.

Entre ellos hay grupos de campesinos de los pueblos chankas, aimaras, quechuas y waris que enfrentan excesos de los cuerpos de seguridad y muestras de racismo, discriminación y criminalización por los sectores conservadores y los medios de comunicación.

El excanciller peruano Héctor Béjar calificó a la actual movilización como “el nacimiento de un poderoso movimiento social y económico, que involucra sectores económicos y está al margen de las izquierdas”, según escribió J. Carlos Flores, en un artículo publicado en La Patria.

Los medios reportan la muerte de por lo menos 69 personas en el contexto de las protestas y 1 622 heridos. Uno de los hechos más relevante de este tipo ocurrió en Puno, donde por lo menos 17 personas fallecieron impactos por armas de fuego de la policía, mientras el gobierno intentó vanamente de vincular a Bolivia con estas muertes.

CONCLUSIÓN

Las protestas no han conseguido su principal demanda: que se convoque a elecciones generales anticipadas.
El Congreso, al que le corresponde debatir y aprobar una fecha adelantada para los comicios, se encuentra entrampado en su propia dinámica interna, en la que cada sector puja por defender sus intereses y su curul, sin que se logre un acuerdo.

La mayoría derechista torpedeó cuatro proyectos de ley que planteaban fijar una fecha entre julio del 2023 y diciembre del 2024. En este cruce de intereses, la petición de los sectores afines a Perú Libre de incluir también una convocatoria a Asamblea Constituyente hizo que se frenara cualquier acuerdo.

Una posible respuesta sobre la razón de estos sucesivos rechazos la asomó la diputada Digna Calle, del derechista Podemos Perú, quien renunció a la segunda vicepresidencia del Congreso y dijo que sus colegas no tenían desprendimiento, porque privaban sus intereses económicos.

Se habla de presión internacional, pero lo cierto es que Boluarte sigue siendo muy afín a la Embajada de Estados Unidos en Lima, atenta a que no se lesionen sus intereses económicos y la permanencia de bases militares, mientras el presidente de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, elogió la “valentía” de Dina.

Tomado de Cuba Si