En momentos muy duros que vive la humanidad por la pandemia de la COVID-19, Cuba no está ajena a una situación que obliga a extremar las medidas para garantizar la salud y los recursos, esos que algunos “pillos” persiguen con ansias de lucrar a costa del pueblo.
Por tal motivo, parafraseando la famosa frase guevariana, a los acaparadores no se les puede dar “ni tantito así”, porque en términos populares si les das un dedo te cogen la mano entera y ahí saldrían afectadas muchas personas honestas que se sacrifican para llevar a sus familias el necesario sustento.
Entonces, ¿qué hacer para que esos “vividores” no se salgan con la suya? El pueblo, ciertamente, podría desempeñar un papel clave denunciándolos o saliéndoles al paso, pero el protagonismo decisivo lo tienen las fiscalías del país.
Sobre ese tema, Dixan Fuentes Guzmán, Fiscal jefe de la provincia de La Habana, dialogó con la Agencia Cubana de Noticias y se refirió a las medidas legales que se aplican en la capital en la actual contingencia asociada al nuevo coronavirus, causante de la COVID-19.
Aquí en La Habana -dijo-, como en todo el país, la fiscalía tiene bien diseñada la manera de reaccionar ante aquellas personas que vulneran y se aprovechan de las posibilidades que da la Revolución, para vivir del lucro.
En circunstancias como éstas las medidas se arrecian y para eso contamos con todas las herramientas legales en aras de enfrentar este tipo de conducta, con sanciones tanto administrativas como penales, expresó.
Por esa razón, tenemos la posibilidad de sancionar penalmente a todo aquel que haga uso indebido de los recursos que el Estado pone en manos del pueblo, para que pueda pasar esta situación tan complicada de una mejor manera, explicó.
Estamos hablando de delitos como receptación, acaparamiento, especulación, actividades económicas ilícitas y otras conductas sancionables, mencionó en referencia a las acciones punibles.
Todos sabemos que a causa del cruel bloqueo de Estados Unidos a Cuba por más de 60 años, los recursos que tenemos son limitados, de ahí que no permitiremos nunca que algunas personas quieran aprovecharse a costa de la mayoría de la población, afirmó el entrevistado.
Por eso en circunstancias como la que hoy vivimos, con las limitaciones existentes, la Fiscalía y el Ministerio del Interior trabajan para que todo lo que se destine a la población le llegue por las vías establecidas, enfatizó.
Entonces tenemos la obligación de investigar y procesar a los ciudadanos (as) que aprovechándose de los pocos recursos que hay, los utilizan en esas conductas inapropiadas, precisó.
Después, previa individualización y racionalidad, el peso de la ley caerá sobre ellos porque los tribunales cubanos tienen todas las herramientas legales para juzgar esos casos y la fiscalía se ha preparado para eso, afirmó.
Agregó que para ese tipo de delitos están previstas multas e incluso privación de libertad, pero la severidad del enfrentamiento no solo radica en la sanción de cárcel o al ser multado; también está en las sanciones accesorias que se les pueda poner, explicó.
Por ejemplo -dijo-, ahí se incluyen la retirada de la licencia como cuentapropista, terminar con el arrendamiento de locales o casas, la prohibición de frecuentar determinados lugares o el decomiso de aquellos bienes que hayan sido resultado de estos actos delictivos, aseguró.
En fin, es un conjunto de medidas que permiten dar respuestas efectivas ante conductas que lo que hacen es afectar al pueblo, concluyó el Fiscal jefe de La Habana.
Tomado de Cuba Si
