Este jueves los restos de los 32 cubanos caídos en Caracas el 3 de enero, llegarán a la patria para recibir justo homenaje en todo el territorio nacional. Mientras Cuba recibe con dolor a sus heridos y prepara el entierro para sus mártires, el análisis jurídico sobre la agresión de los Estados Unidos (EE. UU.) a Venezuela cobra profunda urgencia.

En consecuencia, la Agencia Cubana de Noticias conversa con el profesor Enrique Carlos Loyola Vega, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional en Villa Clara. Con más de 30 años de experiencia, el académico desmonta desde el rigor legal la operación estadounidense que también derramó sangre venezolana.

Con la reciente intervención militar de los EE. UU. en Venezuela, ¿qué normas básicas del Derecho Internacional fueron violadas?

La acción contra Venezuela viola la carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su esencia, sobre todo si tenemos en cuenta que, en su artículo uno, aboga por mantener la paz y seguridad internacional, evitando actos de agresión y, en su artículo dos, dispone los principios fundamentales: soberanía estatal, arreglo pacífico de controversias y, de manera categórica, la abstención del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. La acción de los EE. UU. constituyen un acto de intervención política por medio de la agresión militar.

Al configurarse como un conflicto armado internacional —reconocido incluso por la moción presentada en el Senado estadounidense para retirar las tropas—, se activan las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Se violaron directamente los Convenios de Ginebra de 1949: se atentó contra la vida e integridad corporal, hubo tratos crueles y se tomó a personas como rehenes para obligar a un tercero, además de procederse condenas y ejecuciones sin juicio previo ante un tribunal legítimo.

También se quebrantaron principios consuetudinarios universales como el de distinción (entre combatientes y civiles), proporcionalidad (no causar males innecesarios) y precaución (no destruir instalaciones que causen daños catastróficos a no combatientes). Así ha sido planteado en la solicitud de examen preliminar ante la Corte Penal Internacional por la Asociación Americana de Juristas.

Según la Carta del Tribunal de Núremberg, estos actos son crímenes contra la paz, por planificar e iniciar una guerra de agresión; son crímenes de guerra, por infringir las leyes de la guerra, maltratar personas, tomar rehenes y causar devastaciones no justificadas. Por ello, con la agresión, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la toma de rehenes, la administración Trump ha incurrido en algo más grave: son culpables de un delito de lesa humanidad, un genocidio, según la Convención de 1948, al someter a un grupo a condiciones que acarrean su destrucción física, total o parcial.

¿Las justificaciones alegadas por el Gobierno de EE. UU. constituyen una base legal válida para la intervención militar unilateral?

Primero debe entenderse que la élite de poder estadounidense opera bajo un Derecho Internacional Consuetudinario Norteamericano que pretende primar sobre el universal, violando el principio unánime de que el Derecho Internacional (DI) prima sobre los derechos nacionales. Alegan no estar obligados por ciertos estatutos, pero la Carta de la ONU es clara: hasta los Estados no miembros deben conducirse de acuerdo con sus principios para mantener la paz. No son nadie para tomarse la justicia por su mano.

El trumpismo alegó que Venezuela es un Estado narcotraficante. Pero su propia Agencia Antidrogas (DEA) y las instituciones de la ONU señalan lo contrario, pues la ruta principal del narcotráfico es el Pacífico. De hecho, un juez federal de Nueva York señaló que el Cartel de los Soles —base de la acusación— no existe, y el Departamento de Justicia modificó la acusación, aceptándolo implícitamente. Además, internacionalmente se reconoce la labor de Venezuela contra las drogas.

En segundo lugar, alegan la defensa de los derechos humanos y una supuesta seguridad humana para justificar la fuerza. Esto es una manipulación. En DI, los principios están al mismo nivel; uno no prima sobre otro para autorizar violaciones. El principio de soberanía establece que los gobiernos no requieren reconocimiento externo. No existe una norma suprema inventada que anule la soberanía.

También pretenden haber actuado con el beneplácito de opositores no investidos de autoridad, bajo una peligrosa teoría de asistencia por invitación. Es un disparate criminal, cuando esas figuras no tienen una masa de seguidores capaz de autorizar tal violación, y ni siquiera el propio Trump las considera válidas para dirigir una transición.

Finalmente, la justificación de que Venezuela robó petróleo a EE. UU. es una gran mentira. El petróleo fue nacionalizado conforme al DI en los años 80, con un gobierno aliado de Washington, previo acuerdo e indemnización a las compañías. Hoy, la estadounidense Chevron extrae y exporta gran parte del crudo venezolano.

Estos actos de agresión militar genocida no tienen justificación ni moral, ni económica y mucho menos jurídica. Solo persiguen un fin geopolítico: mantener su dominio hegemónico en lo que consideran su patio trasero, desde la Doctrina Monroe hasta el corolario de la Doctrina Trump, para apropiarse de recursos naturales y mercados.

   Algunas otras consideraciones importantes

El profesor Loyola Vega contextualizó la agresión dentro de un marco geopolítico más amplio. Sostuvo que la sociedad estadounidense vive una guerra civil entre dos sectores de su élite de poder, liderados por Donald Trump y el establishment político tradicional, quienes pugnan por el control para mantener la hegemonía global, aunque difiriendo en métodos.

En este escenario, el sector que actualmente domina, en alianza con ultraderechas mundiales, habría decidido pasar a la ofensiva contra el Sur Global que impulsa un orden multipolar. La agresión a Venezuela se enmarca, por tanto, en esta estrategia de fuerza e intimidación, no solo contra los venezolanos, sino como un mensaje a numerosos Estados, incluidos algunos aliados tradicionales de Washington.

El análisis del profesor Loyola Vega refuerza, con el peso del derecho, la convicción que hoy llora y honra Cuba. Mientras el pueblo se concentra este viernes 16 desde la Tribuna Antiimperialista para la Marcha del Pueblo Combatiente, las palabras del jurista recuerdan que los 32 internacionalistas caídos no solo defendieron a un presidente hermano, sino que dieron su vida enfrentando un crimen que avergüenza a la humanidad y que, lejos de cualquier justificación espuria, queda inscrito en la historia como una violación monumental de la ley que debería regir entre las naciones. Su sacrificio exige, más que nunca, justicia y el repudio irrevocable a la ley del más fuerte.

Tomado de la Agencia Cubana de Noticias(ACN)