Para monitorear la marcha de tan complejo proceso, que no se reduce a incrementos de salarios y de precios, nuestro diario sale a la calle –por ahora en Las Tunas, Granma y Sancti Spíritus– donde, matices más, matices menos, las autoridades coinciden en que, más allá de lo normado, en cualquiera de los casos se impone escuchar a las personas, enfrentar cuantas distorsiones intenten asomar la cabeza y rectificar lo rectificable, como siempre ha hecho la Revolución.

El pan nuestro de cada día –que pasó de cinco centavos a un peso, en virtud de la reforma de salarios y la consiguiente transformación de precios, asociada a la Tarea Ordenamiento–, adolece de varios males; pero entre todos existe uno que pareciera clonado de una panadería a otra, y que la vox populi ha bautizado de manera simpática y mordaz como «el bajo peso al nacer».

El asunto, que en este caso nada tiene que ver con el estricto seguimiento a los indicadores del Programa de Salud Materno Infantil, pudiera ser tan viejo como el mismo alimento que consumimos a diario, y tan tolerado como las restantes chapuzas que dejamos seguir de largo, en una actitud que da luz verde al maltrato y no pocas veces engorda la billetera de los pillos.

Del bajo peso y la mala calidad del pan, del acelerado precio de la carne de cerdo, de las malas prácticas de algunos carretilleros, del monto de los salarios y de hasta dónde habrá que aprender a estirarlos, del enfrentamiento al abuso y la especulación, de eso y de mucho más se habla por estos días de San Antonio a Maisí, en el contexto de una transformación económica que persigue que mejoremos, entre todos, el país.

Para monitorear la marcha de tan complejo proceso, que no se reduce a incrementos de salarios y de precios, nuestro diario sale a la calle –por ahora en Las Tunas, Granma y Sancti Spíritus– donde, matices más, matices menos, las autoridades coinciden en que, más allá de lo normado, en cualquiera de los casos se impone escuchar a las personas, enfrentar cuantas distorsiones intenten asomar la cabeza y rectificar lo rectificable, como siempre ha hecho la Revolución.

AJUSTAR LA BALANZA, UNA PRIORIDAD EN GRANMA

Ajustar las normativas sobre la marcha, rectificar tarifas y hacer las modificaciones necesarias con las opiniones del pueblo como principal termómetro, han sido la dinámica que ha caracterizado en Granma la primera quincena de la Tarea Ordenamiento, tras el impacto inicial del alza de los precios en servicios y productos, y la actitud indolente de quienes han querido sacar tajada de este nuevo escenario a costa del bolsillo ajeno.

Solo en los diez primeros días de enero, en la provincia se habían aplicado 612 multas, siendo el sector estatal el de mayor implicación, con 441 sanciones asociadas a la alteración de precios y a la venta de alimentos por debajo del gramaje establecido o con una mala calidad, detalló Héctor Cordero Hernández, director de Inspección y Supervisión.

En el territorio, además, se ha mantenido de manera sistemática el chequeo a la calidad en la elaboración del pan, ya que cerca del 13 % de la población no lo adquirió en las primeras jornadas de este 2021.

«De forma paulatina, hemos ido logrando que el peso se corresponda con el valor actual del pan, pero a pesar de las inspecciones y la aplicación de multas debemos reconocer que la calidad no es un asunto resuelto», apuntó Cordero Hernández.

José Fontanal Remón, director del Grupo Empresarial del Comercio y la Gastronomía en Granma, explicó a la televisora local cnc que se ha realizado una revisión detallada a los precios de los productos de la red gastronómica popular –algunos de los cuales habían subido hasta siete veces– en los que ya se puede apreciar una reducción.

En tanto, los servicios técnicos y del hogar, los de lavandería y barberías infantiles, así como las entradas a los campismos, y otras prestaciones, forman parte de las necesarias revisiones propuestas.

«Hay precios que son concernientes a los gobiernos locales y otros son centralizados a nivel nacional, pero la voz del pueblo marca los ajustes necesarios», informó Juan Carlos Berenguer, director de Finanzas y Precios en Granma.

conciliar NO ESTÁ PROHIBIDO

La no correspondencia entre calidad y precios, la notable elevación de estos últimos en servicios tan demandados como la gastronomía popular, así como las inquietudes relacionadas con este aspecto en las instituciones del Sistema de Atención a la Familia (SAF), han sido asuntos también recurrentes para la población tunera durante los primeros días de la Tarea Ordenamiento.

En encuentro con la prensa, Jaime Ernesto Chiang Vega, gobernador de esta provincia, informó que la idea es que, en ningún caso, los precios se incrementen más de tres veces, para que el aumento salarial pueda tener verdaderamente un impacto en el nivel de vida de las personas.

Explicó también que en las tarifas que se establezcan a trabajadores por cuenta propia, como facultad de los consejos de la administración municipales, los productos agropecuarios solo deben incrementar dos veces sus precios, en relación con los máximos aprobados en el territorio en julio de 2019.

«La meta, apuntó el Gobernador, es que los trabajadores por cuenta propia puedan comprarle directamente a Acopio y, por tanto, vender sin excesos de precio; aunque sabemos que tenemos que elevar mucho las producciones para lograrlo».

En el caso de los SAF, Chiang Vega insistió en que, poco a poco, se han reincorporado los comensales a esas instituciones, bajo el precepto de que ninguna de las comidas del día supere los 13 pesos totales, aunque se evalúan casos puntuales que pudieran ser insolventes, para trazar con ellos otras estrategias de apoyo.

Dado que los precios minoristas se expresan como una continuidad de los mayoristas, también se desarrollan en esta provincia negociaciones con las empresas. A ese particular se refirió, en el programa radiotelevisivo Alto y claro, Ernesto Luis Cruz Reyes, director provincial de Finanzas y Precios en Las Tunas: «Tomando en consideración que no es nada sencillo formar una ficha de precio o costo en cualquier servicio o producto de la economía, llevamos a cabo jornadas intensas de conciliación con el sistema empresarial, que hoy tiene un nivel muy alto de descentralización, con el objetivo de abaratar costos. Es cierto que las materias primas, esencialmente las importadas, se encarecen, y que impactan en los valores mayoristas que aportan esas empresas, pero creemos que es posible disminuir el impacto de esos costos en su expresión minorista».

Una fuerte batalla se libra hoy en relación con la calidad del pan, que no es una problemática de la Tarea Ordenamiento, pero que ahora ha desatado una mayor polémica porque nadie está dispuesto a admitir la falta de calidad. Inspecciones en las 85 panaderías del territorio tunero han arrojado serias deficiencias.

CONTROL CIUDADANO CONTRA LOS VIOLADORES

En un listado de 69 páginas, con índice incluido, condensó Sancti Spíritus los precios minoristas y las tarifas vigentes en toda la provincia, un paquete en formato PDF –incluye desde la libra de lechuga hasta el aire de la bicicleta– que los espirituanos están descargando en sus móviles y, a veces, hasta imprimiendo, para usar como instrumento de control ciudadano frente a los intentos de los especuladores por imponer «su norma».

Ante la magnitud de las transformaciones que implica la Tarea Ordenamiento, Teresita Romero Rodríguez, gobernadora de Sancti Spíritus, reconoció, en un reciente encuentro con periodistas de la provincia, que «el incremento de los precios no se puede enfrentar por una sola persona, tiene que haber un control popular, que todos reclamen sus derechos, tienen que involucrarse desde las instituciones estatales hasta la población».

De ello dan fe las más de 4 300 acciones de control desplegadas en todo el territorio provincial durante los primeros días de enero, de donde han salido más de 2 100 multas, aplicadas lo mismo al sector estatal que al privado: 456 a puntos de venta de productos agropecuarios, 17 a mercados agropecuarios estatales, 360 a unidades del Comercio, 77 a trabajadores por cuenta propia y 1 213 a personas que desarrollaban determinada actividad ilegalmente.

«Ante violaciones de precios se aplica la multa máxima –explicó Norbelio Guerra Angulo, jefe del puesto de mando provincial de enfrentamiento–. Ya se han retirado 12 licencias a trabajadores por cuenta propia y se han realizado 30 decomisos –11 en lo que va de este año– que han incluido 42 000 libras de cebolla, 1 465 libras de tomate, 365 libras de pepino y 284 libras de col, entre otros productos. Además, en seis puntos de la Agricultura Urbana se ha sustituido a los titulares».

Entre las irregularidades más recurrentes detectadas sobresalen los precios no visibles, el favoritismo, cobros en exceso, la venta por parte de trabajadores por cuenta propia de productos industriales que no están autorizados, el empleo de pesas sin certificar, descontrol en los inventarios, mala calidad de los productos y sobrante o faltante en caja.

En el empeño por recuperar el fiel de la balanza, que no se perdió en este escenario de ordenamiento, también en la provincia han sido radicadas más de una veintena de denuncias por actividad económica ilícita y por receptación, y cinco por tráfico de divisas.

Pudiera parecer mucho, pero cuando se sabe que en estos inicios más del 70 % de las supervisiones realizadas evidencian violaciones, tanto en el sector estatal como en el privado, está más que claro que todavía queda mucho por hacer entre todos.