A partir del próximo 20 de agosto, Estados Unidos lanzará un programa piloto que permitirá a sus funcionarios consulares exigir fianzas de entre 5.000 y 15.000 dólares a ciertos solicitantes de visas de turismo o negocios provenientes de países con altas tasas de permanencia ilegal. La medida, anunciada a través del Registro Federal, busca reducir los casos de visitantes que permanecen más tiempo del permitido en territorio estadounidense.

El programa otorgará a los funcionarios la facultad de imponer estas fianzas a ciudadanos de países donde la información de evaluación y verificación es insuficiente o donde existe preocupación por el uso del sistema de ciudadanía por inversión sin requisitos de residencia. El Departamento de Estado señaló que los países serán seleccionados en base a múltiples factores, entre ellos consideraciones de política exterior.

Los solicitantes sujetos a esta medida deberán pagar una de tres opciones de fianza: 5.000, 10.000 o 15.000 dólares, siendo esta última la más probable. La suma será reembolsada si el visitante sale del país dentro del plazo autorizado por su visa. Se estima que la medida afectará a unos 2.000 solicitantes, en su mayoría de naciones con bajo volumen de viajes a EE. UU., según la U.S. Travel Association.

El programa recuerda una iniciativa similar lanzada en noviembre de 2020, durante la administración Trump, pero que no llegó a aplicarse debido a la caída del turismo global durante la pandemia. Ahora, en un nuevo contexto, la medida vuelve a cobrar fuerza como parte de un paquete de políticas migratorias más restrictivas impulsadas por el actual gobierno estadounidense.

Adicionalmente, una cláusula en la reciente ley presupuestaria aprobada en julio impone un nuevo cargo denominado “visa integrity fee” de 250 dólares para todos los aprobados con visas no inmigrantes, que podría ser reembolsable si el solicitante cumple las normas migratorias. Esta tarifa entrará en vigor el 1 de octubre de 2025 y podría posicionar a EE. UU. entre los países con las visas más costosas del mundo.

Aunque las autoridades aseguran que las medidas buscan reforzar la integridad del sistema migratorio, voces del sector turístico advierten que esta política podría afectar negativamente el flujo de visitantes internacionales. Para muchos potenciales viajeros, el costo adicional y las condiciones impuestas podrían resultar disuasivas, especialmente en un contexto de creciente competencia entre destinos internacionales.

Tomado de Cuba Si