No importa que Gustavo Petro sea declarado persona non grata por el Congreso peruano y Andrés Manuel López Obrador pueda seguir el mismo camino por denunciar la brutal represión policial contra el pueblo, avalado ampliamente por Amnistía Internacional, nada sospechosa de izquierdismo, tras sufrir regaños y cesantías por haber comprobado denuncias de que los soldados ucranianos usaban –usan- de escudo a la población civil en la operación militar especial que lleva a cabo Rusia.

Todos los desmanes y pisoteos de los derechos humanos por el régimen interino de Dina Boluarte han recibido el visto bueno de la oligarquía y, principalmente, de Estados Unidos, al que le preocupa el peligro que un gobierno progresista pueda representar para sus intereses en el rico y estratégico país suramericano.

Más de 60 muertos, miles de heridos, detenidos y desaparecidos, principalmente de la población más pobre y oprimida, de origen indio, no le interesa a la Fiscalía y entes similares, que sólo inician trámites al respecto, que luego suspenden o engavetan, como se estila en el Congreso peruano ante propuestas de beneficios para la población.

Además de Amnistía Internacional, tres organismos de derechos humanos peruanos, el Instituto de Defensa Legal, APRODEH y Paz y Esperanza, denunciaron penalmente a Baluarte, ministros y altos mandos policiales, por el caso de seis muertes y decenas de heridos en la andina Andahuaylas, entre otros hechos similares. También la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos peruana calificó a la represión como crimen de lesa humanidad, al igual que una similar misión argentina liderada por Juan Grabáis.

“El ejército y la policía han usado de forma ilegítima armas letales (fusiles) y armas menos letales (escopetas de perdigones y bombas lacrimógenas) indiscriminadamente, contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas. Han disparado de forma indiscriminada y en algunas ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transeúntes, manifestantes y quienes prestaban primeros auxilios a personas heridas”, señala Amnistía Internacional, que también denuncia que hay casos de disparos contra pobladores pacíficos que “podrían constituir la comisión de ejecuciones extrajudiciales”.

LOS MÁS REPRIMIDOS

Como expusimos antes, pobladores indígenas de las zonas andinas, las más pobres y marginadas, víctimas de un racismo histórico, son la gran mayoría de las víctimas.

Mientras las regiones con población mayoritariamente indígena representan el 13% de la población total del país, concentran el 80% de las muertes por la represión.

Pobladores andinos señalan que las autoridades los tratan “como animales y no como seres humanos”, lo cual demuestra un racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, que ahora castigan violentamente a las comunidades que se han atrevido a alzar la voz.

La provincia meridional de Puno es una de las que se ha manifestado con mayor fuerza en contra del régimen de Boluarte desde que fue destituido y encarcelado el presidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022, y ella fuese designada como mandataria por el parlamento.

Desde entonces, las gentes de Puno se han mantenido en las calles exigiendo el cierre del Congreso que vacó al mandatario, la salida de la presidenta designada, elecciones generales y una Asamblea Constituyente para reformar al Estado y la Constitución.

La represión de la policía y el Ejército durante el gobierno de Boluarte contra la población de Puno incluye una masacre en la ciudad de Juliaca, donde se ha seguido amenazando y golpeando a la población.

La brutalidad policial es tal que gobernadores provinciales de diferentes matices políticos han pedido a la presidenta interina que la detenga y llame a elecciones generales a la mayor brevedad.

En medio de las masivas protestas que demandan su renuncia y la condena internacional a la represión, Boluarte se reunió en el Palacio de Gobierno con Keiko Fujimori, que respalda su gobierno. También con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, del partido fascista Renovación Popular, y con otros dirigentes políticos de derecha.

GOBIERNO ESPURIO

En este contexto, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que su canciller, Marcelo Ebrard, consultará con los miembros del Grupo de Río para que ellos sean los que decidan qué hacer con respecto al polémico tema de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú.

«¿Qué hacemos? Porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del Grupo de Río (…) si ellos dicen entreguen la Presidencia, pues lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer, eso es contrario a las libertades, a los Derechos Humanos y es antidemocrático, con nosotros no cuenten en eso», agregó el presidente mexicano.

López Obrador recordó que cuando México iba a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Castillo, el Congreso peruano no le permitió salir del país. Luego, cuando él iba a ir a Perú para reunirse con el exmandatario, lo destituyeron y lo encarcelaron.

«Por esto es que yo considero que fue un golpe de Estado técnico, aunque también han utilizado a la Policía. Y creo que fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú», agregó.

El jefe de Estado mexicano puntualizó que, con respecto a la situación de Castillo y su destitución, «hay mucha desinformación convenida, pactada», que a su juicio solo le conviene «a los grupos oligárquicos de América Latina y del mundo».

«Los medios tocan al son que les marca la oligarquía, los grupos de intereses creados, por eso ellos deciden qué es nota y qué no es nota, es gravísimo lo que sucedió en Perú, la destitución de un Presidente, lo meten a la cárcel, no hay fundamentos legales, no respetan la voluntad del pueblo», dijo.

Para López Obrador, el trasfondo de la destitución de Castillo se sustenta de una actitud clasista por parte de la oligarquía de ese país, que predomina en el poder económico, mediático y parlamentario.

«Lo que hay en el fondo es una actitud clasista, racista, pues, se trata de un maestro de la sierra, humilde, que fue desde el principio acosado, con cinco o seis intentos de destitución, creo que estaba llegando y al mes ya tenía de parte del Congreso (…) las primeras denuncias de destitución, hasta que lo lograron y lo encarcelaron», denunció López Obrador.

EE.UU., COMPLACIDO

Las voces iniciales de diferentes puntos de Estaros Unidos contra la represión en Perú se han acallado, mientras las autoridades de Lima han recibido el beneplácito de las estadounidenses, con el fin de estrechar las de todo tipo, incluidas los militares.

Como era de esperar, la embajadora de EE.UU., Lina Henna, apoyó rápidamente la decisión del Congreso de destituir a Pedro Castillo y se reunió con la presidenta designada Dina Boluarte, a quien reiteró “el pleno respaldo de su país a la institucionalidad democrática en el Perú”.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú también apoyaron la decisión del Congreso y no era de extrañar, porque la fuerte represión se explica por la persistencia de las políticas de la Doctrina de la Seguridad Nacional que siguen guiando los actos de las Fuerzas de Seguridad en Perú inoculadas por EE.UU.

En las últimas décadas ha sido recurrente la presencia de miles de tropas estadounidenses operando en este país y el entrenamiento que dan a los militares y policías peruanos.

En el 2015, por ejemplo, las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos dieron entrenamiento en técnicas de rescate a oficiales y suboficiales de la Dirección Táctica Urbana de la Policía Nacional de Perú (SUAT).
Asimismo, en el 2017, el ejército peruano participó en los ejercicios militares Amazon Log 17 con Estados Unidos, Colombia, y Brasil, entre otros. Las maniobras se realizaron en el mes de noviembre de ese año en Tabatinga, en la triple frontera.

Durante el 2021, en la Resolución Legislativa N° 31102, el Congreso autorizó el ingreso de tropas estadounidenses a territorio peruano, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. En el anexo de la resolución se indica que el objetivo es recibir “entrenamiento”, en Lima, Callao, Ayacucho, Iquitos, entre otros lugares, para el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (CIOEC), la Fuerza Especial Conjunta (FEC) y la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la Policía Nacional de Perú.

El mismo año, una delegación de oficiales peruanos realizó una visita a las instalaciones de la Brigada Táctica del Ejército de Estados Unidos en la Base Militar Conjunta de San Antonio, en el estado de Texas, y al Centro de Entrenamiento del Ejército de Estados Unidos, en el de California.

En el 2022, el Congreso aprobó, en la Resolución Legislativa 2732, dos Ejercicios Combinados Conjuntos de Estados Unidos con el personal de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra del Perú, para agosto y octubre de 2022, con una duración de 45 días cada ejercicio.

En los últimos años, Perú también ha estado entre los primeros lugares de los países que siguen recibiendo entrenamiento en la continuadora de la Escuela de las Américas (SOA por sus siglas en inglés), rebautizada el 2001 como Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC por sus siglas en inglés).

Entre 1946 y 2004, se entrenaron 4559 militares peruanos en la SOA/WHINSEC. En el año 2019, 84 militares peruanos; en el 2020, 136; y el 2021, 10 militares más recibieron entrenamiento en WHINSEC. Los datos del 2022 todavía no han sido revelados.

MINISTERIO MENTIROSO

Sobre la presencia de bases militares de Estados Unidos el Ministerio de Defensa peruano rechazó la información de que existían 10 bases militares de Estados Unidos en Perú. “Esto es completamente falso. No existe una sola base militar de los Estados Unidos en territorio peruano”, señaló.

Sin embargo, en el libro Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Suramérica, la periodista argentina Tema Luzcan menciona que hay nueve lugares donde podrían existir o haber presencia de militares estadounidenses en Perú.

Por su parte, Tamara Latan Vereco, en su artículo “La militarización los profije de Estados Unidos en el Perú: “narcoterrorismo” y desastres naturales”, indica que “el factor crucial para garantizar operaciones temporales o permanentes de enlaces del Comando Sur, fuerzas de operaciones especiales y la DEA, es la utilización de instalaciones ubicadas en Palma pampa, Maza mari, Aguallita, Nanay, Pucallpa, Santa Lucía, Macuco, Ancón, Puerto El Callao, El Estrecho y Piura”.

Tomado de Cuba Si