Tras ocho años de espera, por fin la sociedad mexicana y el mundo han conocido de manera oficial que hubo una acción concertada desde lo más alto del gobierno federal, en el periodo del presidente Enrique Peña Nieto, para atentar contra la vida de 43 estudiantes normalistas.
Ello desdice lo que comúnmente hacen los medios y entes detractores del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al calificar injustamente de fracaso la política de seguridad del popular mandatario, a pesar de haber duplicado el número de personas encargadas de la importante cuestión y reclamado a Estados Unidos que detenga el tráfico de armas hacia México y disponga políticas para que deje de ser el principal receptor de drogas en el mundo.
No tienen en cuenta que esta sea una cuestión muy diferente a la caterva de asesinatos colectivos y selectivos, y luchas entre cárteles del narcotráfico.
Obvian que AMLO, como le llaman, expulsó a agentes de la DEA norteamericana cómplices de tales mafias y está investigando a políticos que dejan actuar a esos mafiosos sin poner obstáculos, en fin, una profilaxis necesaria después de tantos años de gobiernos inoperantes y corruptos.
Algo de lo que se habla poco es que en los familiares de los estudiantes asesinados predominan ideas progresistas, y así era la inmensa mayoría, sino todos, de esos jóvenes normalistas muertos por elementos que, de una u otra forma, estaban ligados al anterior gobierno, que trató de ocultarlo todo.
Un crimen de Estado con ribetes políticos, en lo que sobresale ahora la detención de personas presuntamente implicadas en el crimen, además de otros individuos que han abandonado el país, a los que AMLO ha expresado que se les debe hacer regresar, porque, a su entender, tienen mucho que decir al respecto.
SE SABE LO QUE PASÓ
AMLO sabe que el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es un caso que tiene pendiente, pero, según sus propias palabras, se encamina a resolver: “Ya sabemos lo que sucedió”, dijo.
Esta declaración es un aviso de que la investigación seguirá tope quien tope, con lo que estaría cumpliendo con una de sus principales promesas de campaña.
Y es que en semanas recientes se trabajó ya en citatorios desde los ministerios públicos a personajes militares de la talla de Salvador Cienfuegos, ante la molestia del secretario Luis Crescencio Sandoval, quien no tardó en acudir al Presidente para manifestar su inconformidad con el nuevo tono de las indagatorias.
“Si nada deben, nada tienen que temer”, dijo AMLO a su secretario, abriendo la puerta a que se avance en la hipótesis que involucra a militares en un suceso en el que sólo se había enredado a la Marina; en especial al almirante Rafael Ojeda, responsable de la Zona Naval en Guerrero en el momento de la desaparición de los normalistas.
Quienes conocen la investigación de la fiscalía especial encabezada por Omar Gómez Trejo aseguran que se contempla una nueva versión de la “verdad histórica”, que personal castrense participó en la desaparición, una indagatoria que apunta más allá del capitán José Martínez Crespo, quien se entregó voluntariamente al Ejército.
Parece que la suerte del general Salvador Cienfuegos está por cambiar. El trato que recibió después de que fue detenido en Estados Unidos, cuando lo entregaron a México, y que lo dejó en libertad, ha quedado atrás, porque la fiscalía especializada citó al exsecretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto y otros militares, según Microsoft News.
Desde hace unos días guarda prisión preventiva el ex Procurador General Jesús Murillo Karim, a quien se le acusa por los delitos de desaparición forzada, tortura y por oponerse a la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
Murillo Karim fue el funcionario de más alto nivel en el sexenio de Peña Nieto que defendió la «verdad histórica» en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero.
De acuerdo con esta tesis, que ya fue desmentida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, policías municipales habrían secuestrado y entregado a los estudiantes a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los terminaron matando y quemando en el basurero de Cocula, y las cenizas fueron arrojadas al río San Juan.
AMLO aseguró que no quitarán el dedo del renglón en el caso Ayotzinapa y en traer a México a Tomás Serón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien llevó la investigación inicial sobre la desaparición de los normalistas y está acusado de tortura.
“El señor que está en Israel, Tomás Serón, está demostrado que participó en torturas y tiene mucho que ver en lo de Ayotzinapa, él sabe bien qué pasó en lo de Ayotzinapa”.
BUSCANDO HACER JUSTICIA
Las conclusiones del gobierno son lapidarias: hubo concertación oficial para atentar contra los estudiantes, hubo concertación para ocultar los hechos, pero sobre todo “no existe evidencia de que los estudiantes desaparecidos permanezcan con vida”, según palabras del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
La conclusión de que la desaparición y seguro asesinato de los 43 estudiantes normalistas fue un acto atribuido al Estado mexicano, ya se venía acariciando desde hace varios años. Diversos trabajos periodísticos independientes siempre apuntaron a esa posibilidad ahora dada a conocer.
En este señalamiento seguro no saldrá bien librado el Ejercito, una de las instituciones más sensibles del aparato de gobierno mexicano. Y es que con todo esto ha quedado al descubierto los nexos que existieron entre grupos del narcotráfico y elementos de las fuerzas federales dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por lo pronto, la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos por instrucción del Estado, es el mayor de los descréditos que ahora enfrenta la administración del presidente Enrique Peña Nieto, de por sí marcado con el signo de la corrupción.
También esa desaparición es ya el mayor caso de violación de los derechos humanos que ha cometido el Estado mexicano, comparado con la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México, donde fueron asesinados por el Estado 78 estudiantes y otros 31 quedaron en calidad de desaparecidos.
Aunque oficial y públicamente el gobierno federal del presidente López Obrador ha referido que la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que sucedió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fue una acción del Estado, no se ha detallado como sucedieron los hechos.
Tampoco se ha establecido quiénes tomaron la decisión de secuestrar a los estudiantes, cuáles fueron las causas y motivos de la desaparición. Mucho menos se ha podido ubicar a la totalidad de los desaparecidos, que sin duda son elementos que tendrá que resolver la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Hertz Manero.
ESTANCAMIENTO A PROPÓSITO
El estancamiento que hasta hoy habían tenido las investigaciones para esclarecer los hechos de la desaparición de los 43 normalistas, no fue fortuito. Fue algo intencional del pasado gobierno de Peña Nieto. Fue -como lo reconoce la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)- sólo un efecto del “cúmulo de graves deficiencias funcionales y jurídicas”, que en su momento presentó la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karim.
De acuerdo a la CNDH, la PGR de Murillo Karim, con su falta de actuación, puso “en evidencia que el modelo estructural y operativo de esa instancia federal (la PGR de Peña Nieto) estaba agotado…”
Y cómo no iba a estarlo, si la PGR de Enrique Peña Nieto se desempeñó bajo el mismo modelo de corrupción que le heredó el gobierno de Felipe Calderón, en el que, por gestiones de Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, Arturo Chávez y Marisela Morales Ibáñez, que técnicamente fueron subordinados de Genaro García Luna, la PGR se dedicó a proteger a diversos cárteles de las drogas.
Entre los cárteles de las drogas que se protegieron desde la PGR de Calderón y Peña, se encuentran los de Sinaloa, de Los Beltrán Leyva y de La Familia Michoacana, todos ellos ligados en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Todavía queda mucho por aclarar en este crimen del Estado, pero, sin dudas, la redención de los jóvenes normalistas asesinados en Ayotzinapa está por llegar.
Tomado de Cuba Si
