No parece haber semanas tranquilas en Argentina. No es algo reciente, pasa desde hace meses. Pero con la llegada del ultraderechista Javier Milei a la Presidencia, parece haberse intensificado. Es que la voluntad reformadora del mandatario implica que plantee constantes situaciones de fricción y choque.

El viernes de la semana pasada, el presidente argentino, Javier Milei, hizo su primera presentación en el Congreso en el marco del inicio de las sesiones ordinarias del Parlamento. Cuando asumió el 10 de diciembre, rompiendo con la tradición, habló del lado de afuera, de espalda a los legisladores y de frente a los simpatizantes que fueron a verlo.

El presidente está reñido con el Congreso y con los gobernadores provinciales, que suelen tener injerencia sobre los legisladores. La tensión se acrecentó cuando el Ejecutivo decidió semanas atrás retirar su gran paquete de leyes del Congreso porque los legisladores no aprobaron algunos artículos de la meganorma.

En su alocución del viernes pasado les ofreció a los gobernadores un paquete de alivio fiscal a cambio de que votaran –a libro cerrado (sin hacerle modificaciones), dicen en el Gobierno, aunque no está claro que pueda ser así– esa llamada «Ley Ómnibus». El corte de envíos de fondos a las provincias desde el Estado Nacional puso en una difícil situación a los mandatarios de esos distritos.

Hay que ver si ceden a la presión de Milei, pero las conversaciones recién comienzan. Por lo pronto, esta semana, el Gobierno nacional liberó fondos para las áreas de educación de las provincias, al prorrogar un decreto que tiene esa finalidad.

El presidente también anunció frente al Congreso que invitará a los gobernadores y a los políticos que quieran sumarse a firmar un gran acuerdo nacional el próximo 25 de mayo (fecha en que se conmemora la independencia del país). La lista de diez puntos del acuerdo aparece ya cerrada, pero resta ver primero si los gobernadores deciden sumarse, si buscan modificarla y si, finalmente, más allá de que se firme o no, se termina de implementar.

Los múltiples frentes del Gobierno: ajuste, protestas y una economía frenada

Mientras tanto, el Gobierno puede exhibir algunos datos positivos. Las cotizaciones del dólar se mantienen estables, en un proceso que va lentamente acercando los valores del dólar paralelo al del oficial, lo que podría eventualmente llevar a un levantamiento de las restricciones para operar con dólar oficial y una eventual unificación cambiaria.

El Gobierno cree que eso podría ocurrir hacia mitad de año, o tal vez antes. También se encuentra estable el riesgo país y suben los bonos soberanos, a la vez que el más reciente reporte de expectativas del mercado que realiza el Banco Central estima que la inflación irá bajando hasta alcanzar el 7% mensual en agosto.

Sin embargo, otros números son menos alentadores. Además de lo referido a la caída de los ingresos, se suman datos que dan cuenta de un fuerte enfriamiento de la economía. Según cifras oficiales, en enero de 2024 la actividad manufacturera cayó un 12,4% interanual y un 1,3% respecto a diciembre de 2023.

En este contexto contractivo, y respecto al plan de ajuste que lleva a cabo el Ejecutivo, en una conferencia de prensa el jueves 7 de marzo, Julie Kozack, vocera del Fondo Monetario Internacional -organismo con el que Argentina tomó en 2018 un crédito que asciende a 44.500 millones de dólares-, dijo que el Gobierno debe “mantener el valor monetario de las jubilaciones y las pensiones, para proteger a los segmentos más vulnerables de la población”.

Las jubilaciones y pensiones cargaron, justamente, con la mayor parte del ajuste de los gastos del Estado en enero y febrero, de acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que dice que “soportaron el 43% de la reducción total del gasto del bimestre, como consecuencia de la licuación de las jubilaciones”.

El ajuste económico también impacta por los recortes en partidas presupuestarias, que frenaron, como ya mencionamos, los giros a las provincias e inversiones en obras públicas, o el envío de fondos a la principal transportista eléctrica de alta tensión, Transener, entre otros. También hay una suerte de parálisis en algunas áreas de gobierno, bien por falta de nombramientos de funcionarios que puedan firmar expedientes para que el engranaje del Estado se ponga en movimiento, bien por estrategias que parecen simplemente buscar ganar tiempo, al contener gastos.

Por ejemplo, desde los comedores comunitarios insisten en que la distribución de alimentos por parte del Estado nacional está paralizada, aunque el Gobierno asegura que sí está entregando a los que cumplen con los requisitos de inscribirse en un padrón y dejar que se los audite.

También hay denuncias por la falta de entrega de medicamentos para enfermedades graves, que distribuye el Gobierno nacional a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Como ocurre en otras áreas del Gobierno, la parálisis, dicen las autoridades, tiene que ver con que están revisando el modo en que se trabaja. Tanto la distribución de alimentos como la DADSE están bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, una de las funcionarias más cercanas a Javier Milei.

El viernes el presidente también anunció el cierre de la agencia estatal de noticias Télam. El fin de semana, los alrededor de 700 trabajadores de la empresa recibieron una comunicación para que no fueran a trabajar durante los siguientes siete días. Luego desapareció el sitio web de Télam, que fue reemplazado por un mensaje en el que se lee “Página en reconstrucción”. El lunes, los trabajadores de la empresa convocaron a un abrazo a uno de los edificios de la agencia, para reclamar que se revise su potencial cierre.

El Gobierno no explicó cómo prevé llevar adelante la clausura de Télam, aunque el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que esta semana se presentaría un plan detallado. El vocero también dijo que la salida de línea del sitio web de la agencia era algo temporal, pero todavía no ha sido revertida.

Tomado de Cuba Si