Cientos de agentes federales adicionales se alistan hoy por orden de la administración del presidente Donald Trump para su despliegue en función de los arrestos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Según lo previsto, el número de efectivo se concretará esta semana y en la partida se incluye la asignación de agentes de la Patrulla Fronteriza para emplazarlos en todo el país.
La medida, que también se espera que incluya la ayuda de unidades estatales de la Guardia Nacional, se produce en un momento en que el Departamento de Justicia intensifica su ofensiva contra los delitos relacionados con la inmigración en ciudades estadounidenses, destacaron aquí medios de prensa.
Esta es la más reciente escalada en la labor de la administración por superar la escasez de recursos y personal para cumplir la promesa de campaña de Trump de deportaciones masivas, reseñó la CNN.
El Gobierno federal también busca la ayuda de los estados en sus esfuerzos por arrestar y detener a inmigrantes sin papeles.
Se calcula que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por ejemplo, actualmente cuenta con fondos para unas 40 mil camas de detención y tiene unos seis mil agentes.
Por otra parte, una coalición de 20 fiscales estatales demandó al Gobierno de Trump, impugnando los requisitos que vinculan los fondos federales a la participación estatal en los esfuerzos de cumplimiento de inmigración en curso.
El fiscal general de California, Rob Bonta, al anunciar la acción legal este martes subrayó que “el presidente Trump no tiene la autoridad para coaccionar a los gobiernos estatales y locales a usar sus recursos para la aplicación de la ley de inmigración federal y su último intento de intimidarlos para que lo hagan es flagrantemente ilegal”.
En sus demandas, los funcionarios estatales argumentan que es el Congreso y no el poder ejecutivo, el que determina el gasto federal y advirtieron que las subvenciones no tienen nada que ver con la inmigración.
“El presidente está amenazando con retirar fondos para mejorar nuestras carreteras, mantener nuestros aviones en el aire, prepararnos para emergencias y protegernos contra ataques terroristas si los estados no se alinean con sus demandas”, enfatizó Bonta.
“Está tratando estos fondos, que no tienen nada que ver con la aplicación de la ley de inmigración y todo que ver con la seguridad de nuestras comunidades, como una moneda de cambio”, añadió.
La coalición que interpuso la demanda contra el Gobierno de Trump incluyó a los estados de California, Illinois, Nueva Jersey, Rhode Island, Maryland, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont, Washington y Wisconsin.
Tomado de Cuba Si
