Arce permanece detenido preventivamente desde diciembre de 2025 por presunta corrupción cuando era ministro de Economía (2006-2017 y 2019) en el expediente denominado Fondo Indígena.
Según la misiva publicada este lunes por la cadena Erbol, el exdignatario fue privado de libertad sin que existiera una orden legal de aprehensión, y calificó ese hecho de “un secuestro al margen de la ley”.
De acuerdo con la información, Arce sostiene que no recibió notificación previa de ningún proceso en su contra, pese a haber manifestado su disposición a presentarse ante la justicia.
Denunció el exmandatario que, dentro del proceso iniciado por el Gobierno de Rodrigo Paz, todas las solicitudes de su defensa han sido rechazadas, incluida una petición para someterse a exámenes médicos recomendados por un cardiólogo, lo cual pone en riesgo su salud.
Adicionalmente, deploró en la denuncia que fue alojado en un espacio sin condiciones mínimas de habitabilidad y sometido a interrupciones constantes para la toma de fotografías.
Aclaró, no obstante, que esta práctica cesó tras reclamos de su defensa, aunque continúan registrándolo con fotografías y videos en el patio del establecimiento penitenciario con sede en La Paz.
En la carta, Arce enfatiza en que estos hechos constituyen “actos de tortura psicológica”.
Denunció el exjefe de Estado, además, que recientemente fue allanado su domicilio según informaron medios de prensa, lo cual Arce considera parte de un conjunto de acciones orientadas a su “muerte civil y política”.
En su misiva, llamó a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y a las autoridades judiciales para que garanticen el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de fiscales y jueces.
“Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo boliviano”, aseguró el expresidente en su carta.
Al final del texto, Arce calificó el expediente penal en su contra como una “persecución política, mediática e institucional” y una forma de “venganza”, en el contexto de lo que considera un deterioro del Estado de Derecho en el país.
Tomado de Prensa Latina
