La violencia de género en Cuba, incluso en sus expresiones más severas, continúa siendo una problemática grave, suele ocurrir en el ámbito doméstico, afecta mayormente a jóvenes y deja a no poco menores sin amparo materno.

Los asesinatos de mujeres por razones de género juzgados en la nación caribeña en 2024 sumaron 76, lo que representa una tasa de 1,79 por cada 100.000 mujeres de 15 años y más. La mayoría fueron cometidos por parejas, ex-parejas u otras personas cercanas, confirman datos recientes del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género.

Las estadísticas, obtenidas solo a partir de procesos judiciales ya concluidos, apuntan a que la incidencia real del fenómeno podría ser aún mayor y revelan patrones que demandan atención inmediata.

Del total de casos juzgados, 55 correspondieron a mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, un incremento de cinco en relación con los 50 reportados en 2023. Paralelamente, se observa un aumento significativo en los hechos cometidos por otras personas, que pasaron de 10 en 2023, a 21 en 2024.

Son las mujeres de entre 20 y 44 años las más afectadas (44 casos), seguidas por el grupo de 45 a 59 años (17 casos). Dos de las víctimas presentaban algún tipo de discapacidad al momento de la muerte.

El entorno del hogar sigue siendo el principal escenario de los hechos (73,7%), lo que refuerza la urgencia de fortalecer la protección y el acompañamiento a las mujeres y sus familias. Como consecuencia de estos crímenes, 70 niñas y niños quedaron sin cuidado materno, una situación que requiere respuestas coordinadas desde los sistemas de protección social.

La distribución por provincias muestra que La Habana (con 12 casos y una tasa de 1,49 por cada 100.000), la oriental Santiago de Cuba (con nueve casos y una tasa de 2,20) y Matanzas, en el centro occidente (con ocho casos y tasa de 2,96), concentran el mayor número de víctimas en números absolutos.

Sin embargo, si bien se observan más hechos juzgados en las zonas urbanas (44) que en las rurales (32), la tasa de estas últimas alcanza 3,27 asesinatos por cada 100.000 mujeres frente a solo 1,35 en las urbanas. Ello sugiere que el riesgo de violencia, proporcionalmente hablando, es mayor en esos contextos donde la vulnerabilidad puede verse acentuada por factores como el aislamiento y la menor disponibilidad de servicios de apoyo.

Por color de la piel, las mujeres blancas continúan siendo mayoría entre las víctimas, aunque se registró un aumento de cinco casos en mujeres negras y 10 en mestizas respecto a 2023.

Otro dato relevante es que 69,7 por ciento de las mujeres asesinadas no tenía vínculo laboral, una muestra de la relación entre dependencia económica y exposición a situaciones de violencia.

Estos diferenciales según zona de residencia, color de la piel y situación ante el empleo, entre otros, apuntan a la necesidad urgente de considerar la interseccionalidad en el análisis y en las políticas de prevención.

Respecto a la relación con el agresor, el incremento de muertes a manos de personas distintas a parejas o ex-parejas sugiere una diversificación de los escenarios de riesgo y plantea nuevos retos para la prevención y la atención integral.

En cuanto a la violencia sexual, los tribunales procesaron 230 casos, equivalentes a una tasa de 5,42 por cada 100.000 mujeres. De estos, 120 correspondieron a agresiones sexuales y 110 a otras formas de maltrato relacionadas. Nuevamente La Habana (51 casos con una tasa de 6,32) y las orientales provincias de Las Tunas (22, con una tasa de 10,85) y Granma (21, con una tasa de 6,63) fueron los territorios más afectados.

Según la zona de residencia, las alarmas por estos delitos se encienden igualmente, sobre todo, en las zonas rurales. Aunque es en la parte urbana donde se procesaron mayor cantidad de hechos de violencia sexual (152), ello solo representa 4,65 casos por cada 100.000 mujeres, mientras que los 78 llevados a tribunales en el ámbito rural ascienden a 7,97 casos por cada 100.000 cubanas.

Las mujeres de 20 a 44 años (122 casos) y las adolescentes de 15 a 17 años (70 casos) fueron las más representadas en números absolutos como víctimas de violencia sexual, pero este último grupo presenta la tasa más elevada (46,13 por 100.000), lo que apunta también a la urgencia de atención especializada y educación sexual integral.

Al igual que en los asesinatos, las mujeres blancas son las más afectadas, la mayoría de las víctimas de violencia sexual no tenía empleo y cinco presentaban alguna discapacidad.

Si bien los datos presentados por el Observatorio ofrecen una radiografía valiosa, sobre todo en relación con la casi total ausencia de estadísticas de años anteriores, aún reflejan de form parcial e incompleta la situación de la violencia de género y sexual en el país.

Especialistas han advertido que estas formas de maltrato suelen estar sub registradas, debido a factores como el miedo a denunciar, la normalización social de ciertas formas de violencia, la desconfianza en las instituciones o la falta de acceso a servicios de apoyo, especialmente en las zonas rurales.

“Las víctimas llegan con mucho miedo, con distorsiones de la realidad y minimizan lo que les pasa, sienten vergüenza por la situación que están viviendo, muchas no reconocen que son víctimas, ancladas en una sensación de que nada se puede hacer, sin una proyección futura”, explicó a SEMlac en 2022 la psicóloga Yamila Ramos Rangel, quien trabaja directamente con mujeres víctimas en Cienfuegos, a unos 250 kilómetros de la capital cubana.

“Tienen la impresión, además, de que quien las maltrata está protegido. Suelen estar carentes de apoyo social, familiar, incluso económico, porque dependen de su agresor y muchas temen a las consecuencias jurídicas, económicas y sociales de la denuncia. Si tienen hijos, esta situación se agrava más”, agregó la especialista.

En consecuencia, la incidencia real de la violencia podría superar ampliamente los datos reportados, lo que representa un desafío adicional para el diseño de políticas públicas y estrategias de prevención, lo cual fue reconocido durante el XVI Encuentro Internacional Ciencias Penales 2025, realizado en La Habana del 26 al 28 de marzo de 2024.

En ese momento, Ana Hernández Mur, fiscal jefa de la Dirección de Información y Análisis de la Fiscalía General de la República de Cuba, presentó una propuesta de registro informático interoperable que busca articular estadísticas de fuentes diversas.

Uno de los desafíos principales, reconoció Hernández Mur, es ampliar el conteo más allá de los casos juzgados, que son los que hoy se visibilizan en el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género. “O sea, poder incluir aquellos que nunca llegan a los tribunales porque el agresor se suicida u otra razón, ampliando así el análisis más allá de las sentencias judiciales”, reflexionó.