Hasta en casa desafían a Trump

Las medidas del inquilino de la Casa Blanca contra los inmigrantes han sido denunciadas como «inadmisibles» y «una tortura» por diferentes entidades, entre ellas la ONU y Amnistía Internacional. Inclusive, han sido criticadas por los propios ciudadanos estadounidenses y frenadas por quienes ejercen la justicia.

El Juez de Distrito, Edward Chen,  emitió la tarde del pasado miércoles un fallo preliminar que obliga a la administración de Donald Trump a mantener, por ahora, el mecanismo mediante el cual se beneficia a más de 300 000 personas procedentes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Honduras y Sudán.

A través del Estatus de Protección Temporal (TPS), habitantes de países devastados por desastres naturales o conflictos bélicos son autorizados a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos hasta que la situación mejore en sus hogares.

En su orden, el magistrado norteamericano sostuvo que el Gobierno estadounidense no demostró la existencia de algún daño al conservar el programa de 20 años de antigüedad, mientras los demandantes afirmaron que deportar a dichos inmigrantes podría perjudicar la economía local y nacional.

Por esta y otras razones, Chen dictaminó que el cierre del programa traería consigo «daños irreparables y grandes dificultades» para los beneficiarios y sus familiares, y declaró que la actual administración debe mantener el TPS y los permisos de empleo mientras se encuentra en curso una demanda que cuestiona la misma finalización del programa migratorio.

«Los beneficiarios que han vivido, trabajado y criado a sus familias en EE. UU. (muchos por más de una década), serán objeto de repatriación», advirtió el juez acerca de las consecuencias de la decisión del ejecutivo de Trump.

Muchos de ellos tienen hijos nacidos en territorio estadounidese, y podrían enfrentarse a la decisión de llevarse a sus hijos con ellos,  lejándoles del único país y la única comunidad que han conocido,  o separarlos de sus familias, añadió.

Cabe recordar que, durante audiencias celebradas recientemente, Chen consideró que la decisión del Presidente norteamericano de culminar el TPS podría significar un sesgo racial contra los migrantes de países no blancos.

Asimismo, Working Families United, una coalición de seis sindicatos que representan a trabajadores inmigrantes, reveló al portal digital The Hill que, según la orden judicial, el actuar de Trump se basa en su criterio –notoriamente racista y discriminatorio– y no en ninguna ley o consideración de seguridad.

En el caso de unos mil sudaneses beneficiados por el programa en cuestión, por ejemplo, debían abandonar EE. UU. en noviembre venidero, mientras que el plazo de 5 300 nicaragüenses favorecidos vencía en enero del 2019; el de 58 000 haitianos en julio de ese año, y el de 263 000 salvadoreños, en septiembre.

EN CONTEXTO:
El TPS constituye un programa migratorio creado en 1990 mediante el cual Estados Unidos concede asilo de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
A finales de septiembre del presente año, el mandatario estadounidense volvió a bajar el número de refugiados que puede acoger Estados Unidos. De hecho, según informes de la fiscalía norteamericana, Trump ha recortado un 33 % de los 45 000 actuales, y el techo de acogida de familias se sitúa en 30 000 para el ejercicio fiscal del 2019.

Más de 10 000 menores permanecen internados en centros de inmigrantes, entre los que están junto a algún familiar o separados de sus padres. Una parte mayoritaria de estos lugares pertenecen o son administrados por compañías privadas, lo que equivale a un multimillonario negocio.

Tomado de Granma

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Lianne Gómez Rodríguez

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